La Cámara Nacional Electoral ratificó la medida contra el jefe comunal Matías Rappallini y la intendenta interina, Lorena Otermín, en una causa que investiga la retención de DNI y maniobras organizadas para impedir el voto en las elecciones de 2019.
La Justicia volvió a poner bajo la lupa a Matías Rappallini, el intendente radical de Maipú que en 2019 consiguió su reelección por apenas 49 votos y que desde entonces quedó vinculado a una investigación judicial por presuntas maniobras destinadas a evitar que vecinos del distrito pudieran sufragar. La Cámara Nacional Electoral confirmó su procesamiento por delitos electorales, en una causa que también alcanza a la intendenta interina Lorena Otermín.
El expediente se remonta a las elecciones generales del 27 de octubre de 2019, cuando Rappallini se impuso por 4.212 votos contra los 4.163 de su rival, Carlos Coudannes (Frente de Todos). Poco después del escrutinio, se acumularon denuncias de electores que aseguraban que les habían retenido sus DNI y que, por ese motivo, no habían podido concurrir a las urnas.
La investigación reconstruyó un mecanismo que envolvería a al menos 27 personas. Según el expediente, días o semanas antes de los comicios se ofrecía dinero, alimentos, materiales de construcción, colchones, ayudas sociales o gestiones municipales a cambio de la entrega de los documentos.
En otros casos, la investigación detectó situaciones aún más graves: trabajadores de una cooperativa municipal denunciaron haber sido amenazados con perder su empleo si no entregaban el DNI. Asimismo, constan testimonios sobre electores acompañados a votar y mecanismos para verificar la colocación de la boleta del oficialismo en el cuarto oscuro.
UNA ELECCIÓN DEFINIDA POR 49 VOTOS
El aspecto más crítico del caso es el estrecho margen con el que el oficialismo retuvo el municipio: la diferencia de 49 sufragios fue inferior incluso a la cantidad de personas a las que se habría impedido votar.
Aunque Rappallini rechazó inicialmente las acusaciones afirmando que se trataba de una maniobra política de la oposición, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, determinó que las prácticas configuraron delitos electorales concretos. En abril de 2026, Ramos Padilla procesó a Rappallini y a Otermín, ordenando además un embargo sobre sus bienes cercano a los 30 millones de pesos.
La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento bajo los artículos 137 y 140 del Código Nacional Electoral, correspondientes a la retención indebida de documentos y la inducción mediante engaños o coacción a abstenerse de votar. El tribunal enfatizó que cualquier retención del DNI afecta directamente la libertad electoral, ya que es el único instrumento que permite acreditar la identidad en el acto de sufragio.
UN PODER FAMILIAR EN MAIPÚ
El caso pone nuevamente el foco en la hegemonía política de la familia Rappallini en Maipú. Matías gobierna el distrito desde 2015, cuando sucedió a su hermano Aníbal (intendente entre 2007 y 2015). En 2023 logró su tercer mandato consecutivo, aunque en junio de 2024 solicitó una licencia por tiempo indeterminado y sin goce de sueldo para dirigir la empresa familiar Gigot Cosméticos, quedando Otermín a cargo del Ejecutivo municipal.
Entre 2022 y 2023 ya habían sido procesados otros funcionarios y trabajadores municipales por la misma red. En 2025 la investigación avanzó con el pedido de elevación a juicio y, en 2026, la Fiscalía solicitó nuevas indagatorias.
Si bien el fallo corresponde a un procesamiento y no a una condena firme, se trata de una resolución clave en un expediente de casi siete años que deja al intendente licenciado formalmente imputado por un mecanismo dirigido a impedir el ejercicio del voto en la elección que le dio el poder.
Fuente: Diario Digital Dolores
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