Con la firma de los ministros Guillemo Francos y Luis Caputo se dictó la Decisión Administrativa 28/2024 que aparece en el Boletín Oficial, donde se congelan los salarios del sector público. En el decreto de los funcionarios de Milei, se fundamenta que “es necesario establecer parámetros homogéneos para la negociación salarial en el Sector Público Nacional, que garanticen la equidad salarial”.
La medida incluye a todos los organismos, entes o empresas, cualquiera fuese su naturaleza jurídica o régimen jurídico aplicable, que el Estado Nacional financie con su presupuesto o tenga el control mayoritario del patrimonio o de las decisiones (art. 8 Ley 24.156, en todos sus incisos).
Eso involucra al personal de todos los ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones; a la administración pública descentralizada y desconcentrada, a las empresas del Estado y las privadas con participación mayoritaria estatal: al ANSeS, el Pami, la AFIP, el SENASA, el Conicet, el INTA, Telam, Enacom, Tandanor, Intercargo, Aerolíneas Argentinas, YPF, entre otras, incluso hasta el personal no docente de las universidades nacionales.
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